Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

Bolivia

"El Ombudsman: relación con la Administración Pública y los Servicios Públicos", pronunciada en el Foro Internacional: La Defensoría del Pueblo: de la teoría a la práctica, La Paz, 11 de setiembre de 1998.

 

La relación con la Administración Pública y los Servicios Públicos

Dr. Jorge Luis Maiorano
Defensor del Pueblo de la Nación Argentina
Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman ( I.O.I. )


Señora Defensora del Pueblo de la República de Bolivia, doña Ana María Romero de Campero, señora Embajadora de la República Argentina, doña Zelmira Reggazoli, señor Ombudsman de Suecia, amigos, colegas, señoras y señores.

En primer lugar, quiero dejar expreso testimonio de mi agradecimiento a los organizadores de este evento por haberme posibilitado estar, en este momento, con Ustedes. Deben saber que no ha sido fácil para mí tomar la decisión de volver a esta hermana tierra boliviana. Sucede que hace siete años atrás cuando participé en un evento organizado por la Dra. Rosario Chacón Salamanca para difundir la institución del Ombudsman, sufrí tanto las consecuencias de la altura que partí de regreso a mi país pensando que era la primera y última vez que viajaba a Bolivia. Pero, superando esos temores, hoy he querido estar con la Defensora del Pueblo de Bolivia en este momento trascendental cuando está a punto de abrir sus oficinas al pueblo boliviano. Para mí no sólo han transcurrido siete años cronológicos; otro cambio fundamental se ha producido en mi vida; en aquellos años yo desempeñaba el cargo de Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación Argentina, en época yo integraba El Gobierno de mi país; hoy, soy el primer Ombudsman Nacional argentino y como tal represento a una Institución del Estado.

Como les decía recién, siete años atrás yo vine por primera vez a La Paz, invitado por una persona que desde hace muchos años ha venido bregando  por la institución del Defensor del Pueblo. Esa persona es Rosario Chacón Salamanca a la cual quiero hacer en este momento mi formal reconocimiento.

Quienes propugnábamos la incorporación a nuestros sistemas jurídicos de la figura nacida en Suecia en los albores del siglo XIX, prácticamente sembrábamos en el desierto, arábamos en el mar: es que no resultaba sencillo explicar los beneficios de esta Institución; algunos la confundían con Superman y nos criticaban sosteniendo que pretendíamos transplantar una figura proveniente de otros sistemas y de otra cultura como un injerto impropio.

El tiempo, confirmando aquel adagio romano “veritas filii tempori”, ha puesto de manifiesto que aquella semilla germinó y así hoy, la figura del Defensor del Pueblo en Latinoamérica y numerosos países del mundo ha dejado de ser una utopía política para convertirse en una vivificante realidad.

En aquellos años, por ejemplo en 1991, a quienes me escuchaban yo les transmitía experiencias ajenas, es decir, conocimientos dogmáticos acumulados a través del tiempo.

Todo comenzó allá por 1980 cuando llegó a mis manos un folleto de la Embajada Dinamarquesa en Buenos Aires que difundía la Institución del Ombudsman. Mi afición por el derecho público, más específicamente, por el derecho administrativo y por la problemática del control estatal, hicieron el resto.

Durante seis años preparé mi tesis doctoral sobre esta Institución; la defendí en 1986; su título era "El Ombudsman: Defensor del Pueblo y de la Instituciones Republicanas"; tuve la fortuna que fuera aprobada con calificación sobresaliente y luego, publicada en 1987.

Por ello, ahora que miro el título de este Foro advierto que coincide con mi propia evolución: “de la teoría a la práctica”. Es que ahora, además de la teoría enriquecida en estos años, puedo compartir con ustedes la experiencia del ejercicio cotidiano de la función de Defensor del Pueblo de mi país.

Gracias a la conjunción de la Política y la Providencia desde hace cuatro años ejerzo el cargo de Ombudsman nacional de Argentina, creado inicialmente por ley y luego, en agosto de 1994, elevado al rango constitucional por la reforma operada en la Carta Magna de los argentinos.

Es obvio que los primeros Defensores del Pueblo, Ana María, todos y,  por supuesto, también esta reflexión te alcanza a ti, tenemos una responsabilidad adicional: somos aquellas personas que inauguramos la Institución, que debemos hacerla creíble ante la sociedad y que debemos insertarla en el entramado social e institucional de nuestros países. A esos efectos, admito que tenemos ventajas y también desventajas.

La ventaja de no suceder a nadie que pueda haberle dado un perfil inapropiado o un compromiso determinado que pueda condicionar nuestra labor futura; no tenemos la rémora de ningún antecesor. Pero, al mismo tiempo, tenemos la desventaja de que el peso de la organización inicial caerá sobre nuestras espaldas; la sociedad todavía no nos conoce; tal vez deposita excesivas expectativas en nosotros; no encontramos nada hecho; sabemos que cada una de nuestras acciones puede llevarnos a un paso en falso que deslegitime a nuestras instituciones; pero también sabemos que una actitud firme frente a los abusos del poder puede representar una cuota de confianza de la población.

Como docente que soy suelo acudir a ejemplos y creo que éste puede ser útil para comprender cuál es la responsabilidad de los primeros Defensores. Veamos, por ejemplo, el edificio en el cual hoy nos encontramos; es moderno, deslumbrante, con una vista espectacular, sólido; pero, en realidad, ¿dónde radica su solidez?, ¿acaso en sus decorados, en sus ventanales, en sus imponentes salones? No, en realidad, su solidez reside en lo que no vemos, en sus cimientos, en aquello que ahora no luce pero que lo ha hecho compacto y bien armado. Con los primeros Defensores del Pueblo, en nuestros países, sucede algo similar. Ana María te va a tocar a ti, como me ha tocado a mí, hacer las veces de esos obreros que trabajan en los cimientos de un edificio; si nuestro trabajo es eficiente, el edificio será sólido; por el contrario, si nuestra labor es deficiente, el edificio sufrirá resquebrajamientos y tal vez caerá. Con nuestras Instituciones sucede lo mismo. Si nuestra labor es comprometida, firme, prudente, sin excesos, la figura del Defensor del Pueblo crecerá en la sociedad con firmeza.

Se afirma usualmente que “los hombres pasan, las instituciones quedan”. Claro, cómo quedan algunas instituciones después que pasan algunos hombres, es otra cuestión. Es grande  pues, nuestra responsabilidad para que estas instituciones no se mimeticen con la indiferencia e incredulidad populares.

Hay tres ideas de las que nos has transmitido esta mañana, Ana María, que me han quedado muy grabadas.

Primero, has hablado de la virtualidad de los Defensores, es decir que la figura podría no llegar a existir si cada funcionario fuera Defensor. Me reconforta escuchar esa afirmación que hace cuatro meses expuse ante el Congreso Nacional argentino en ocasión de presentar mi cuarto Informe Anual.

Segundo, has hablado de la demolición del Estado. ¡Qué afirmación tan contundente como acertada¡ En cada uno de mis Informes Anuales, desde 1994 sin claudicaciones, vengo denunciado ante la opinión pública de mi país y alertando a las autoridades que hemos pasado de un Estado interventor a un Estado ausente, desertor de sus funciones primordiales ante la sociedad. Es que la globalización económica nos ha hecho pasar del Dios Estado al Dios mercado; el problema es que éste, egoísta por excelencia, no se le puede pedir solidaridad y no hay sociedad justa ni equitativa si no existe solidaridad en su seno. El promotor y garante de esa solidaridad siempre ha sido y debe ser el Estado.

En tercer término, Ana María,  has hablado del descreimiento de las instituciones. Es un fenónemo lacerante para la democracia, peligroso para nuestro futuro y generador de numerosas insatisfacciones ciudadanas. También aquí es grande nuestra responsabilidad e importante nuestra misión como representantes de instituciones del Estado- no del Gobierno- ya que debemos crear un espacio diferente entre tanta desilusión; nuestras instituciones son benéficas para la sociedad ya que ejercemos un poder solidario que alivia tensiones y calma inquietudes. No olvidemos que mientras los Gobiernos exponen sus logros ante la sociedad, nuestra misión es denunciar las deudas, las asignaturas pendientes, las promesas incumplidas, los derechos conculcados.

Son tres ideas, que me dan la profunda tranquilidad y satisfacción de pensar que la Defensoría del Pueblo de Bolivia está en muy buenas manos.

Entre tantas cosas que me enseñaron los Ombudsman del mundo desde 1980 hasta la fecha hay dos o tres ideas que  quiero compartir con ustedes en este momento. El Ombudsman del País Vasco, allí llamado Ararteko, don Juan San Martín Ortíz de Zárate, escribió una idea central que recuerdo siempre. En uno de sus Informes Anuales señaló que  “el Ombudsman es una Institución con alma”. Tan clara y profunda manifestación la hemos adaptado en nuestro país de tal forma que en el Defensor del Pueblo de Argentina hay un lema que reza “no tratamos con expedientes, tratamos con seres humanos”.

También la experiencia, el ejercicio cotidiano de esta función me ha ido enseñando otras cosas que antes no había volcado en mis libros.

Por ejemplo, ¿por qué la figura se llama Defensor del Pueblo? ¿Quienes son los que no necesitan Defensor? Veamos, el Gobierno ¿necesita Defensor? La respuesta negativa se impone; él se defiende solo. Por su parte, el poder económico ¿necesita quien lo defienda? Es obvio que no.

Entonces ¿quien necesita Defensor?: el pueblo precisamente por la situación de indefensión en que se encuentra cotidianamente frente a los abusos del poder económico y las violaciones del poder público. El pueblo está integrado por esos millones de personas anónimas que generalmente están en la periferia a la hora de las decisiones públicas, que no cuentan a esos efectos y que, lamentablemente, sólo están en el centro cuanto sus votos son contados electoralmente.

Nuestras instituciones son la voz de los que no tienen voz o cuya voz no es escuchada. De aquéllos que tienen la obligación de votar pero que no siempre gozan del derecho de hacer oír sus ideas.

En el Primer Informe anual que presenté al Congreso argentino en el año 1995, señalé los que, a mi juicio, eran los principios básicos sobre los cuales se debía asentar la fundación de la nueva institución. Así, puse de manifiesto que la figura del Defensor del Pueblo “ha de asentarse sobre ciertos principios esenciales, tales como…1. No debe ser un órgano del gobierno de turno, apéndice de algún partido político ni amortiguador de disputas políticas; es, sin lugar a dudas, una Institución de la República; 2. No debe ser una figura cosmética o estética, sino por el contrario una figura seria y objetiva; 3. Debe caracterizarse por su prudencia, lo cual no ha de ser entendido como complacencia con el poder; 4. No puede arrogarse la pretensión de sustituir a los órganos y procedimientos tradicionales de control; sólo en términos de complementariedad se justifica el Ombudsman o Defensor del Pueblo; 5. Su perfil adecuado ha de ser el de colaborador crítico de la Administración, no su contradictor efectista; 6. A esos fines, y siempre que las circunstancias lo permitan, agotará sus esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre la Administración y el ciudadano; 7. Debe ayudar a la solución de los problemas particulares planteados por los quejosos sin olvidar, en ningún momento, que esos problemas son síntoma o efecto de causas más profundas, las cuales debe tender a superar…”

Quiero recordar a Ustedes que el artículo 86 de la Constitución Argentina, según la reforma de 1994 prescribe que “El Defensor del Pueblo (de la Nación) es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El Defensor del Pueblo (de la Nación) tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. La organización y funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial”.

Con profunda satisfacción como argentino y orgullo como Defensor del Pueblo de la Nación quiero decirles a Ustedes que ejerzo las funciones con absoluta independencia, sin ningún tipo de interferencia por parte del Gobierno.

Es fundamental en esta etapa fundacional, a fin de que tenga la plena convicción que el Defensor del Pueblo no resulta una fantasía política o una figura inútil, que responda con sabiduría, actúe con prudencia y predique su independencia.

Hasta aquí entonces lo que yo había dicho en el Primer Informe Anual. Pero, el contacto con la cruda realidad cotidiana, la relación con las insatisfacciones ciudadanas me han obligado a incorporar, en los últimos años, dos nuevos perfiles que ninguno de mis maestros, fundamentalmente europeos me había enseñado (seguramente porque ellos operan en realidades sociales, políticas y económicas diferentes a las de nuestros países)

En el Informe Anual de 1996 expresé que “…El Defensor del Pueblo no puede adoptar una actitud conformista ante la patología que llega a su conocimiento. Debe estar comprometido con una visión más justa de la sociedad que permita la dignificación del ser humano y actuar sobre los factores que distorsionan los valores de una comunidad. Debe ser un innovador, casi un rebelde con causa…”

En el último Informe Anual, a su vez, precisé aún más las calidades y sostuve que “El Defensor del Pueblo de la Nación es una institución que debe actuar con objetividad, pero con parcialidad. Es que quien convive con la injusticia generada por los excesos o abusos del poder público y del poder privado, económico en la especie, no puede permanecer distante ni imparcial ante esa situación. Así como un fiscal en un proceso penal debe acusar y al hacerlo cumple cabalmente su misión asumiendo una actitud parcial, de la misma forma El Defensor del Pueblo, tal como su propia denominación lo indica, condicionando y comprometiendo su labor, debe ponerse en los zapatos del quejoso; debe asumir la posición del insatisfecho, del descreído, del desesperanzado, de aquel cuyos derechos humanos han sido desconocidos, por acción u omisión”

En mi país afortunadamente hemos llegado a un grado de desarrollo institucional y de reconocimiento de los Derechos Humanos básicos: vida, dignidad, libertad que durante muchos años fueron negados. Si bien hay quejas sobre estos derechos no son, afortunadamente, las más habituales. Es que nuestra sociedad ya no demanda estabilidad política porque la disfruta desde hace quince años; ya no demanda estabilidad económica puesto que ella ha seducido a gobernantes y gobernados, a oficialismo y oposición. En cambio, la demanda más frecuente ante nuestra Institución es la protección del Estado frente a los excesos que cometen las empresas privadas que prestan servicios públicos esenciales.

En este sentido, en numerosas ocasiones me he visto obligado a promover acciones judiciales contra el propio Poder Ejecutivo por decisiones que se habían adoptado en materias de tarifas de servicios públicos.

Toda sociedad, por más desarrollada que ella sea, está integrada por grupos de personas cuyos derechos están en una situación de mayor vulnerabilidad; tal el caso de los aborígenes, de los discapacitados, de los reclusos, de los jubilados, de las madres solteras, etc. Pero en el nuevo diseño de nuestra sociedad, fruto de las reformas económicas, la liberalización de la economía y la minimización del Estado, existe un nuevo grupo altamente vulnerable. Me estoy refiriendo a ese grupo amorfo, inorgánico, heterogéneo y disperso que somos los usuarios de servicios públicos monopólicos prestados por empresas privadas y controlados, generalmente de manera indebida, por las autoridades públicas.

De esta forma, la Institución del Defensor del Pueblo de la Nación pone a disposición del usuario el poder que la Constitución Nacional le ha atribuido. Invariablemente hasta ahora y de manera constante desde 1994, la mayor cantidad de presentaciones que se han efectuado ante el Ombudsman nacional argentino se han relacionado con la gestión de los servicios públicos domiciliarios, de carácter monopólicos ya fuere cuestionando disfuncionalides de las prestatarias o bien, impugnando la deficiente regulación estatal. El último Informe Anual dio cuenta que el 40,4% del total de las actuaciones tramitadas tenían ese perfil.
Tal como informé al Congreso Nacional de mi país, el 80 % de esas quejas se han superado mediante nuestra intervención; es que el Defensor del Pueblo actúa como un mediador entre la empresa y el usuario empleando potestades legales que éste no posee y que conforman lo que se ha denominado una magistratura de persuasión. Si esa persuasión no logra resultados, en última instancia puede acudir a la demanda judicial, obviamente no para defender derechos subjetivos sino, en todo caso, derechos de incidencia colectiva.

El Defensor del Pueblo en nuestros países nace de un consenso político importante; tal el caso de  la Argentina donde el Defensor del Pueblo es designado con el voto favorable de, como mínimo, dos tercios de los votos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, podría encontrarse condicionado por ese apoyo; mas, ahí debe primar su lealtad con El cargo por sobre los compromisos personales. Así, en mi Primer Informe Anual expresé mi agradecimiento a los legisladores que me eligieron, hice expreso reconocimiento a su apoyo pero lo alejé de todo condicionamiento posterior. Por eso no me canso de reiterar que si hay una cualidad  que ningún Defensor debe abdicar o declinar, ella es la independencia de todo tipo de presión política o condicionamientos partidarios. Si pierde esa independencia, la figura será irremediablemente decorativa, estética o de maquillaje.

Hoy, cuando nos trasladábamos al agasajo ofrecido por el  señor Vicepresidente de la República, tuve ocasión de observar en el edificio del Parlamento una enorme bandera boliviana y esa bandera tiene tres colores: rojo, amarillo y verde. Me pareció entonces que, a estos efectos, la insignia nacional boliviana podía estar conteniendo un mensaje para la primera Defensora del Pueblo de Bolivia. Así entonces, le digo a Ana María que cada uno de esos colores puede representar lo siguiente: rojo para que la figura del Defensor del Pueblo no cree  falsas expectativas; amarillo para  poner en evidencia la necesidad permanente de actuar con prudencia, de administrar con especial cuidado las atribuciones que posee esta casi bicentenaria institución; y verde, como una vía libre para la sociedad boliviana, para que el Defensor del Pueblo, la Defensora del Pueblo sea un puente de solidaridad y de esperanza.

Antes que anuncien que ha terminado el tiempo que se me asignara, quiero decirles que volver a este país, pisar nuevamente esta ciudad, luego de siete años y de aquella experiencia que relaté al comienzo, ha sido para mí una experiencia maravillosa. Gracias por haberme dado esta oportunidad de compartir con Ustedes el privilegio de reflexionar sobre la evolución operada desde el plano de las teorías a la fascinante tarea de actuar sobre la realidad de nuestras sociedades.

Concluyo recordando expresiones de Cicerón: "El pasado no tiene remedio el futuro sí"; el Defensor del Pueblo es un puente hacia un mundo mejor, no le importa el pasado, sí le importa una sociedad más justa que dignifique al ser humano. Gracias.

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL DR. JORGE LUIS MAIORANO

P.  Esta mañana nos hablaron de una demanda que usted planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del propio Estado Argentino.

R.  Si bien la pregunta no tiene que ver con tema de los servicios públicos, no tengo ningún problema en contestarla. En el año 1994, cuando  asumí las funciones, llegaron a conocimiento de la Defensoría del Pueblo de Argentina, muchas quejas de jubilados que tenían trámites demorados ante la Corte Suprema de Justicia de mi país. En esa época ya habían  más de dos año s desde que esos expedientes judiciales, por los cuales tramitaban demandas de reajustes jubilatorios, se encontraban a resolución del máximo órgano de Justicia de mi país.

En una primera oportunidad, me dirigí a la Corte Suprema de Justicia exhortándola, es decir, rogándole que adoptara las medidas necesarias pare que se concluyera con esa situación de indefensión. La Corte Suprema de Justicia rechazó la presentación señalando que el  Defensor del Pueblo de la Nación carece de competencia pare hacer exhortaciones a la Corte Suprema en causas en trámite.

En una segunda oportunidad me presenté pidiendo ser tenido como parte para defender a esa “colmena” de perjudicados ( sumaban más de 65.000 afectados por la denegación de justicia) ya que en la Argentina, el Defensor del Pueblo de la Nación, por la Constitución  Nacional, tiene la misión de defender los derechos de incidencia colectiva; a esos efectos, puede presentarse judicialmente no para defender derechos subjetivos ya que a esos efectos se han previsto los recursos  administrativos y judiciales tradicionales, sino los derechos de incidencia colectiva que comprometen o agravian a un colectivo de personas. Invocando el Pacto de San José de Costa Rica,  y más precisamente el derecho de acceso a la justicia en tiempo prudente, me presenté formulando reserva de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nuevamente la Corte Suprema de Justicia de mi país rechazó la presentación y así fue que me vi obligado, asumo que no fue una decisión sencilla que me constituyó en el primer Ombudsman del mundo que tuvo necesidad de acudir a un organismo internacional denunciando a su propio gobierno, a denunciar al Gobierno Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por supuesto no fue grato para el gobierno; preparaban la respuesta alegando que el Defensor del Pueblo es  un órgano del gobierno y no del Estado. A los dos meses y dieciocho días de que fuera presentado ese escrito, “causalmente” o “casualmente”, la Corte Suprema de Justicia resolvió el primero de los 65.000 casos sentando un criterio válido para resolver los restantes.

Poco después de esa decisión, retiré la demanda ya que ella  había devenido abstracta al cesar la situación de denegación de justicia.

Gracias doctor, hay otra pregunta pare usted, dice:

P. ¿Qué acciones tomó la Defensoria del Pueblo en la Argentina con relación a los inmigrantes?

R.  La Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina actúa en dos órdenes de quejas distintas:

Las quejas individuales, de un ciudadano o una ciudadana que tiene un problema de demora de un trámite jubilatorio, de sobrefacturación de un servicio, demora de un trámite ante un organismo administrativo o bien, en problemas de carácter colectivo, como por ejemplo, aumento de las tarifas en los servicios públicos sin audiencia pública, sin intervención de los entes reguladores; falta de provisión de medicamentos a enfermos de HIV, por ejemplo.

Como casos concretos yo no recuerdo haber recibido ninguna queja puntual sobre ese tema; ello, por supuesto, no implica negar la existencia de problemas en ese sector,; como nuestra Institución hace poco tiempo que está en pleno funcionamiento estamos firmando convenios de colaboración con la embajadas de países amigos y hermanos, para posibilitar su difusión en las distintas colectividades. Así, por ejemplo, he firmado convenios de colaboración con la Embajada de la República Popular China, con la Embajada Polaca, con la Embajada de la República de Corea. Ellos traducen a sus respectivos idiomas nuestros informes y tienen formularios para presentar las quejas en los centros que agrupan a los nacionales de esos países en Argentina.

Por supuesto que la institución está absolutamente abierta a todas aquellas personas que requieran de nuestra protección y tutela.

Pregunta al Dr. Jorge Luis Maiorano:

P. ¿De qué manera o cómo el Defensor del Pueblo debería actuar frente a personas acusadas de corrupción que buscarán escabullirse en la figura de la Defensoria? Es decir, en un intento de lavar su imagen a través de la Defensoria, ¿qué se recomienda al respecto? ¿sucedió esta experiencia en la Argentina?.

R. Hay una regla clásica en esta materia y es que la función del Ombudsman no es buscar culpables o responsables, eso es función del Poder Judicial; la función del Defensor del Pueblo es buscar soluciones a los problemas de la gente. Si el Defensor buscara culpables o responsables, estaría colisionando con el Poder Judicial con quien debe complementarse y no colisionar.

Pero encuentro propicia la oportunidad para reflexionar  acerca de un fenómeno muy original. Hemos escuchado con suma atención, en el curso de la mañana, la excelente conferencia del Ombudsman de Suecia Class Eklundh. Quedó expuesto allí el modelo original de Ombudsman, vinculado a la disfuncionalidad administrativa o “maladministration”. Sin embargo, ese perfil no agota en la actualidad a la Institución que hoy nos convoca.

A partir de la inserción de la figura en la Constitución Española de 1978 con la castiza y comprometedora denominación de “Defensor del Pueblo”, El Ombudsman iberoamericano ya aparece comprometido con los derechos fundamentales o derechos humanos superando, algunos dirán desvirtuando, yo digo, superando o modelando la Institución original sueca.

En Asia y en África, por ejemplo, en varios países la figura aparece directamente comprometida en la lucha contra la corrupción; tal el caso,  del Ombudsman de Macao que se denomina  “Alto comisionado contra la corrupción y la ilegalidad administrativa”.

¿Qué está sucediendo? Que el  prestigio que van adquiriendo nuestras instituciones en todo el mundo, determina que se le vayan asignado nuevas funciones. No sería extraño pues que en un futuro mediato se nos agreguen esas funciones. Así, por ejemplo, en mi país tiene media sanción del Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Ética Pública, que conforma un Consejo Asesor de Ética, integrado por un miembro de la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y cuatro personalidades reconocidas en la sociedad y le asignan la competencia de iniciar sumarios para investigar actos de corrupción.

Será tal vez porque, actualmente, además de ser conocida la institución va siendo reconocida y en lugar de quitarle atribuciones, le asignan nuevos cometidos, entonces resumiendo, actualmente el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina no tiene competencia en materia de hechos de corrupción, si algún hecho llega a su conocimiento por ley tiene la obligación de denunciarlo ante la justicia.